Villachica defiende la propiedad con uñas y dientes, y el letrado de Villachica, al tiempo que se afana por dejar constancia de los pagos a la Caja Nacional, considera la Orden del Gobierno respecto al Lago como un caso donde la Administración se desentiende totalmente de la legislación que tiene que obedecer y, violando derechos que está obligada a respetar y amparar, dicta resoluciones como la impugnada. Aún va más lejos en sus afirmaciones y apunta que ni los fundamentos en que pretende apoyarse, ni la propia tramitación del expediente a que pone remate la Orden recurrida obedecen ciertamente a la legislación aplicable, sino que son la más rotunda negación y olvido de ellas. Manuel Pintado trata por todas las razones de echar por tierra la Orden por la que el Estado ventilaba el bucólico escenario a su representada. Hace saber, además, que el Lago nunca fue de dominio público porque siempre le faltó la condición necesaria para serle aplicable tan calificación jurídica, ya que siempre fue propiedad patrimonial de la comunidad que lo disfrutaba hasta el momento de la desamortización (el Monasterio de San Martín de Castañeda), y apunta que el Estado quedó en poder del Lago no a título de dominio público sino de bienes en venta, y como tal fue vendido al abuelo de Victoriana Villachica. Recalca Pintado Carballo el uso privado del Lago, que nunca estuvo adscrito a una finalidad ni uso público, sino que, por el contrario, de inmemorial perteneció al patrimonio privado. Para Villachica y su representante legal es de una absoluta incongruencia, contraria a toda lógica jurídica, pretender aplicar un concepto como el de Dominio Público a unos bienes que jamás estuvieron dentro de él y que, por voluntad del propio Estado, fue mantenido en la corriente patrimonial privada percibiendo el precio de venta correspondiente. El Ministerio de Obras Públicas cuenta con el informe de un ingeniero, que lo elaboró por encargo del jefe de División Hidráulica del Duero, según el cual todo el Lago se halla situado en monte del Estado y en terrenos comunales de los ayuntamientos de Ribadelago, Vigo, Galende, Pedrazales y San Martín.